Luego de que el Gobierno Federal envió a la Cámara de Diputados el pasado 12 de noviembre una iniciativa con proyecto de decreto que pretende prohibir el régimen de subcontratación laboral (mejor conocido como “outsourcing”), muchos inversionistas y fondos de capital de riesgo (venture capital firms) le han solicitado a las startups de su portafolio que migren a un esquema de contratación interna, ya que el utilizar un régimen de subcontratación les puede conllevar riesgos a mediano y largo plazo.
Incluso antes de la propuesta de reforma, los inversionistas ya tenían perfilada una clara preferencia por startups que no utilizaban el outsourcing, y en caso de que alguna contara con este esquema, éstos solían indicarles un plazo para migrar a esquemas de contratación interna, como condición para invertir en dichas startups.
Esto se debe a la gran carga regulatoria que implica el outsourcing, ya que “el no cumplimiento a cabalidad de la regulación del régimen de subcontratación conlleva potenciales sanciones y multas significativas para las startups. Es decir, que si no se gestiona adecuadamente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede considerar que las facturas ya pagadas carecen de efectos fiscales, y entonces la startup pierde todas las deducciones realizadas y debe pagar al SAT el IVA que le habían trasladado”, señala Victor Aguirre López, socio del despacho BlackBox Startup Law.
No obstante, la propuesta del Ejecutivo dejaría la puerta abierta para la tercerización laboral en cuestión de servicios y obras especializadas, así como de agencias de colocación. “Significa que una startup puede contratar a través de un tercero autorizado por la Secretaría del Trabajo a personal especializado que no desempeñe actividades propias de la empresa, por ejemplo, para cuestiones de seguridad o limpieza”, explica el abogado de BlackBox.
Desde hace tiempo, el régimen de subcontratación laboral se ha posicionado en México como una de las principales alternativas para que las empresas gestionen su fuerza laboral, dado la carga administrativa del manejo de nómina interna, contrataciones, bajas de personal y demás trámites que conlleva la contratación directa.
De acuerdo con datos del Censo Económico 2019 del Inegi, en los últimos 10 años el porcentaje de los trabajadores contratados bajo este esquema creció considerablemente al pasar de 13.6% a 17.1% a nivel nacional, lo que implica que buena parte de la fuerza laboral del país trabaja por medio del outsourcing.
En el marco de la discusión de la reforma, es importante que las startups tomen en cuenta la carga regulatoria que implica sujetar a su personal a dicho régimen, reconocido por el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con dicha legislación, las empresas que tengan empleados por outsourcing deben considerar lo siguiente:
1.- El régimen de subcontratación laboral no podrá abarcar todas las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo.
2.- Utilizar dicho régimen deberá de justificarse por su carácter especializado.
3.- No se podrá utilizar el régimen de subcontratación laboral para tareas iguales o similares al que desempeñen los trabajadores contratados de manera directa por la empresa.
¿Qué más implica el outsourcing?
Obligación de retención del IVA a cargo de la empresa contratante. Las empresas o startups que contraten por outsourcing deberán retener el 6% sobre la contraprestación efectivamente pagada a la compañía de tercerización.
Obligación de otorgar avisos trimestrales al IMSS y al INFONAVIT. También deben brindar las empresas de outsourcing trimestralmente a estas instituciones de gobierno información actualizada sobre los contratos celebrados y las empresas beneficiarias involucradas, para que se realice la recaudación correspondiente.
El no cumplimiento de esta acción implica una multa de 20 a 350 UMAs (de mil 737.60 a 30 mil 408 pesos), en el caso del IMSS; para el INFONAVIT la multa es de 251 a 300 UMAs (de 22 mil 806.88 hasta 26 mil 064 pesos).
Obligación de presentar avisos en materia de prevención de lavado de dinero. Dado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha interpretado que el outsourcing consiste en una “actividad vulnerable”, los prestadores de estos servicios de tercerización deben presentar los avisos correspondientes en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
La omisión de estos avisos podría generar una multa de 200 a 65,000 UMAs (de 17 mil 376 a 5 millones 647 mil 200 pesos).
Mientras se aprueba o rechaza el proyecto de decreto, este tiempo puede significar una oportunidad para que las startups que utilizan outsourcing puedan migrar a un esquema de contratación interna, de cara a tener un compliance correcto y que puedan buscar financiamiento en el 2021 sin problema alguno.
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